La decisión es consecuencia de una demanda presentada por la Comisión Europea, que acusaba al Estado portugués de no garantizar que varias entidades públicas, entre ellas administraciones locales y regionales y entidades sanitarias, pagaran sus deudas comerciales en los plazos estipulados.
Al interponer el recurso, la Comisión Europea alegó que la morosidad constituye una violación continua y sistemática de esta directiva europea, que afecta negativamente a la competitividad y viabilidad de las empresas.
Según la sentencia, «al no garantizar que sus entidades públicas cumplan…
